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Durante los días 17 y 18 de febrero se realizará en el país el seminario internacional “La Reforma del Estado y la Administración Pública: Desafíos y Perspectivas”, organizado por el Consejo Nacional de Reforma del Estado, CONARE, la Oficina Nacional de Administración y Personal de la República Dominicana, ONAP, con el auspicio del Programa de Apoyo y Modernización del Poder Ejecutivo, PRO-REFORMA, la Oficina del Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo, ONFED y el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, PARME.

Este evento constituye un espacio de reflexión sobre las tendencias de la reforma y modernización del Estado y la administración pública, tomando en cuenta la evolución y los resultados de los cambios institucionales, compartiendo e intercambiando experiencias con otros países para enriquecer y profundizar el proceso de reforma que se inició en el país en la década de los 90s.

La actividad se enmarca dentro de los esfuerzos que se coordinan desde el Consejo Nacional de Reforma del Estado para fortalecer el cuerpo institucional del Estado y desarrollar estrategias que creen las condiciones para mejorar la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones públicas, garantizando la equidad y la eficiencia con transparencia.

El evento contará con la presencia de destacados expertos en el tema como Bernardo Kliksberg, asesor internacional en el área de reforma del Estado, quien dictará la conferencia magistral: “Repensando el Rol del Estado y del Capital Social en América Latina”, Iván Finot, especialista en desarrollo local y regional de CEPAL, tratará el tema “La Reforma Territorial Regional como parte de la Reforma del Estado”.

Julio César Fernández del Toro, Secretario General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, disertará sobre “Reforma del Estado, Servicio Civil y Carrera Administrativa: Experiencias Latinoamericanas”

Asimismo, estará presente en este seminario Rodrigo Egaña, actual Sub-Secretario General de la presidencia de Chile y ex - director ejecutivo del proyecto de reforma y modernización quien expondrá sobre la “Reforma del Estado en América Latina: la experiencia chilena”, así como Guido Berttucci, especialista del PNUD y Joan Prats Catalá, director del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña, quienes tratarán el tema “Reforma del Estado, Administración y Ética Pública”

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La Carrera Administrativa Municipal no puede hacerse a la carrera.

La Ley de Carrera Administrativa Municipal para ser viable en el contexto dominicano tiene que pasar por un proceso de superación de debilidades institucionales de los gobiernos locales y de las condiciones sociopolíticas de la sociedad dominicana.
Aunque la sociedad dominicana ha tenido algunos éxitos en las políticas de fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, todavía existen debilidades como la carencia de normativa administrativa interna, un bajo numero de municipios que con una reglamentación especifica sobre prestación de servicios públicos, inexistencia de reglamento de catastro, ausencia de perfiles de funcionarios municipales, muy pocos ayuntamientos con áreas especializadas en manejo de recursos humanos y una Liga Municipal Dominicana (LMD) con baja capacidad gerencial.
Por otro lado existe una Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que no es un buen referente. Esta Ley data desde el año 1991. El sistema político, la forma de hacer política (bajo un esquema de clientelismo), la pobreza y la desigualdad social son los principales obstáculos para aplicar la Ley. De cara al régimen municipal, como micro-estructura, la viabilidad para su puesta en marcha puede ser afectad por las mismas causas que impactan la macro-estructura del gobierno central.
En el ámbito de la oferta de capacitación, la misma es dispersa, no existe un organismo que regule a las universidades, ONGs, LMD, a los propios ayuntamientos y empresas. En muchos casos los procesos de capacitación no expresan las necesidades inmediatas de capacitación y en otros casos responden a modelo fuera de la realidad dominicana. La oferta no esta en función de la demanda, esto puede ser demostrable en el momento en que se haga un estudio de oferta y demanda de capacitación municipal.
Otro factor determinante es la poca voluntad política sobre el tema de Carrera Municipal. Parece ser que el opinar sobre el mismo seria reconocer la violabilidad constate de la Ley de Carrera.
Todo lo anterior se puede complementar analizando que las precarias condiciones de oferta de trabajo en el mercado laboral del ámbito municipal imposibilitan una buena disponibilidad de recursos humanos altamente calificados que estén dispuestos a sacrificarse.
Como se puede observar los puntos anteriores se convierten en barreras cuasi infranqueables para aplicar la Carrera Administrativa Municipal en República Dominicana. Quiere decir son causas estructurales, en la mayoría de los casos, que para superarse deben abordarse desde una perspectiva de cambios profundos en la cultura política del país. Lo cual debe hacerse a partir de una visión de mediano a largo plazo.
En perspectiva debemos apostar a un ciclo combinado que entre la reforma macro (Carrera Administrativa Municipal) y la reforma micro (Carrera Administrativa en las localidades y actores institucionales). En esta ultima hacer pilotaje de aplicaciones gradual de la reforma administrativa a nivel local en planeamiento urbano, finanzas, medio ambiente, etc. Para este pilotaje es necesario un pacto local interpartidario donde el liderazgo político municipal y provincial se comprometa a apoyar el impulso de la carrera. Sin pacto político no habrá carrera administrativa municipal.

Domingo Matías, Coordinador Adjunto Componente Descentralización, PARME.
Publicado en: NOTICIAS de la Reforma, Organo Informativo Mensual del CONARE, Noviembre 2004, Número II

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Introducen en la agenda del Diálogo Nacional modificaciones a la Ley 14/91 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa.

El marco normativo vigente con sus debilidades, a pesar del avance que representó en su momento, ha impuesto la necesidad de replantearse un sistema que “garantice adecuados procedimientos de selección, estabilidad, retención, capacitación y promoción de los servidores públicos meritorios y que redunde en un mejor servicio a la ciudadanía.

El proyecto de ley elaborado con el auspicio de la Unión Europea, a través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, PARME, forma parte de las líneas de acción en las que el Componente Administración Pública de ese programa ha estado trabajando con la Oficina Nacional de Administración Pública (ONAP) y el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE).

Al presentar el proyecto el Coordinador del Diálogo Nacional, Monseñor Agripino Núñez Collado, se refirió a una práctica recurrente de las fuerzas políticas cuando están en el poder como el clientelismo y lo “mío primero”, algo –expresó- que sólo nos llevan a la ineficiencia y a la corrupción.

Como un impulso para lograr la eficiencia en el sector público catalogó Ramón Ventura Camejo, director de la ONAP, la oportunidad que ofrece ese espacio de concertación de discutir un proyecto de ley cuyo objetivo es reformar y modernizar la administración pública. “Con esta antesala del Diálogo Nacional estaríamos propiciando un consenso que facilitaría el trabajo de los legisladores”, apuntó el funcionario.

De su lado Alain Delmas, coordinador de Administración Pública del PARME, explicó que la relevancia de la Función Pública se manifiesta en el hecho de que sin una Función Pública profesionalizada y meritocrática difícilmente puede verse garantizado el desarrollo sostenible.

Las modificaciones tratan, en esencia, de darle un carácter más concreto, más operativo, a los principios enunciados en la propia ley 14/91 cuyo propósito es desarrollar un sistema de Carrera Administrativa.

La existencia de una política salarial para el sector público, la eliminación de los despidos masivos en función del clientelismo político y las garantías para la permanencia de los empleados públicos honestos, competentes y con vocación de servicio constituyen los resultados a los que nos conduciría la aplicación de una normativa adecuada.

El rango jerárquico del órgano gestor de los Recursos humanos del Estado también ha sido tomado en cuenta en la propuesta. Por ello se ha pensado que con una mejor articulación con instituciones como la Oficina Nacional de Presupuesto o la Contraloría General de la República, la reubicación de la ONAP le permitiría a esta entidad jugar el papel que ha de corresponderle en la materia si se pretende obrar en dirección a la reducción del clientelismo.

Contradicción

La normativa vigente plantea, por un lado, que busca garantizar procedimientos adecuados de selección, estabilidad, retención, capacitación y promoción de los servidores públicos meritorios, y, por otro, prevé expresamente la cancelación injustificada de los empleados de carrera.

Con esa disposición (artículo 28) se pierde de vista el interés del sistema de carrera no sólo para el empleado afectado sino sobre todo para el Estado y la ciudadanía, que deben ser los primeros en beneficiarse de la estabilidad y profesionalización de la Función Pública. Se pierde de vista aunque dentro de los argumentos avanzados para el fomento de dicho sistema se enfatiza la institucionalización de la Administración Pública.

A lo largo de este mes y hasta finales de mayo se estarán realizando talleres de consulta y concertación sobre el Proyecto de Ley 14/91 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa en el marco del Diálogo Nacional.

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UE dona más de RD$ 600, 000 en computadoras a ayuntamientos

La Unión Europea, a través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), y en coordinación con los ayuntamientos y la sociedad civil promueve la descentralización mediante la mejora de la capacidad de gestión de las entidades municipales, así como un cambio normativo que traslade a las mismas mayores recursos y competencias.

En ese tenor Red Info, un sistema para el registro de informaciones estadísticas, crea una plataforma que sirve para la planificación del desarrollo municipal en varios ámbitos.

A pocos meses del inicio de la implementación del sistema en 10 municipios a nivel nacional se hace entrega de computadoras con los software correspondientes a un grupo de ayuntamientos cuyo personal ha sido capacitado para su operación.

Asimismo al nivel provincial se trabaja en la introducción del sistema con el objetivo de que en el largo plazo se cuente con una red nacional de estadísticas que conecte lo municipal con lo provincial y cuyo centro sea la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Los síndicos de los ayuntamientos de Navarrete, San Cristóbal, Villa González, el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, Salcedo, La Vega, Gaspar Hernández, y Boca Chica recibieron el equipamiento informático destinado a las Unidades de Estadísticas Municipales.

A juicio de Domingo Matías, Coordinador Adjunto del componente de Descentralización del PARME, una de las aplicaciones del sistema Red Info lo constituye la elaboración del presupuesto participativo ya que sus registros suministran los insumos para determinar las prioridades de una demarcación.

Se prevé que para 2006 se hayan invertido RD$ 5 millones en la implementación del sistema de estadísticas en otros 10 municipios del país.

En el acto de entrega de las computadoras con sus software estuvieron presentes Onofre Rojas, Secretario de Estado Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo, Sonia Chirinos, Directora del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) y Marcos Villamán, Director del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), así como los síndicos de los ayuntamientos antes mencionados.

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Comisario de la Unión Europea visita cárcel de Puerto Plata

Louis Michel Comisario para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea recorrió las instalaciones del Centro de Corrección y Rehabilitación de la Fortaleza de San Felipe, Puerto Plata, al mediodía de este viernes en compañía de Dino Sinigallia, Embajador de la Comisión Europea en la República Dominicana.

La Unión Europea -a través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, PARME,- ha financiado la implementación de un nuevo sistema penitenciario, basado en la aplicación de la Ley sobre Régimen Penitenciario No. 224 de 1984. La contraparte dominicana en este quehacer la constituye el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado.

Con el objetivo de poner en marcha un Centro penitenciario moderno, organizado y funcionando de acuerdo con los postulados y fines de la Ley No. 224 se implementó desde hace un año el nuevo sistema penitenciario en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Felipe Puerto Plata con capacidad para 120 hombres y 50 mujeres y entre cuyos logros está la desaparición del hacinamiento y los privilegios entre su población carcelaria, así como el seguimiento legal a los expedientes judiciales de cada uno de los reclusas y reclusos.

Este modelo organizacional ha conllevado el diseño de circuitos de gestión administrativos y un proceso de capacitación de los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario en diversas especialidades. Se ha podido constatar en este primer año de funcionamiento que la estructuración básica diseñada ha permitido el desarrollo normal, ordinario y de convivencia en el día a día.

Los internos, durante su reclusión en el centro, tienen la posibilidad de aprender los rudimentos de un oficio o reforzar los conocimientos y habilidades que tengan. Asimismo pueden optar por seguir los cursos de panadería, sastrería o ebanistería que se imparten.

El personal administrativo de esta institución penitenciaria no sólo se preocupa por la rehabilitación y reinserción social de los internos, sino también por su reincorporación al seno familiar.

Esta primera experiencia ha servido de guía a la implementación del nuevo sistema en otras cárceles como es el caso de la recién inaugurada Najayo Mujeres. En ambos recintos, todo el movimiento de traslado de reclusos desde la cárcel vieja a los centros de corrección y rehabilitación estuvo manejado por el Cuerpo de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario, cuerpo eminentemente civil, además del equipo técnico, todos formados bajo los perfiles de la Escuela Nacional Penitenciaria, dependiente de la Dirección General de Prisiones.

Se ha seguido una evaluación permanente para ir introduciendo los correctores que hagan más perfecto el sistema y sobre todo para que las réplicas continúen en distintos puntos del país, como Dajabón, Rafey, Elías Piña y Azua, donde también se visualizan centros penitenciarios en los que los internos sentirán que han llegado a un sitio que no sólo es una estructura física, sino un espacio con personal cualificado, un espacio en el que la formación, la capacitación y el respeto a la dignidad humana constituyen la base de su funcionamiento.


La Unión Europea, a través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, PARME, continuará acompañando estos esfuerzos de las instituciones dominicanas con el objetivo de que el proceso sea irreversible y se fortalezcan las instituciones, se respete la profesionalización, la selección del personal técnico y de vigilancia se haga de manera objetiva y la capacitación sea la más adecuada. Un millón de euros ha destinado la Unión Europea para la implementación del nuevo sistema

La visita al Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto Plata completa la última etapa de un periplo regional del Comisario Louis Michel que ha incluido estancias en Cuba, Jamaica y Haití.

Durante su recorrido por el recinto penitenciario dominicano, el visitante estuvo acompañado por el Secretario de Estado Ordenador de los Fondos Europeos para el Desarrollo, Onofre Rojas, funcionarios de la Delegación de la Unión Europea en el país, la Directora del PARME, Sonia Chirinos, la Coordinadora del Componente de Justicia del PARME, Maite Abadía, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Alejandro Moscoso, el Director de Prisiones, General Juan Ramón de la Cruz Martínez y el Director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Roberto Santana e Yvelka Villanueva, directora del Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto PLata.

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Convocan a los ayuntamientos a presentar proyectos para sus comunidades

La Unión Europea, a través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, PARME, pone en marcha el Fondo de Acompañamiento con una aportación en calidad de donación de 7 millones de euros para la ejecución de obras prioritarias a nivel comunitario y municipal.

Uno de los objetivos de la reforma del Estado es promover la descentralización a través de la mejora de la capacidad de gestión de las entidades descentralizadas y de un cambio normativo que traslade a las mismas mayores recursos y competencias.

Dicho fondo fue hecho público este miércoles 6 de abril durante un acto efectuado en el salón la Fiesta del Hotel Lina, donde se reunieron representantes de las sindicaturas, gobernaciones, sociedad civil y organismos internacionales acreditados en el país.

El Fondo de Acompañamiento constituye un instrumento financiero que permite incorporar a los municipios al proceso de desarrollo, mediante la articulación de las diferentes fuerzas sociales a la identificación, programación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos comunitarios y municipales de alta prioridad.

Las obras que entren en ejecución, tienen que haber sido aprobadas, previamente y de manera consensuada, tanto por el gobierno local, la sociedad civil y la población. Los proyectos a apoyar por el Fondo de Acompañamiento, además de ser identificados como de alta prioridad, deben desarrollarse en obras de infraestructura, servicios, asesorías y equipamiento básico, fortalecimiento institucional y de desarrollo organizativo de los colectivos.

Cada una de las propuestas serán estudiadas y finalmente aprobadas por un Consejo Consultivo del Fondo de Acompañamiento, que está encabezado por la Oficina Nacional del Ordenador de los Fondos Europeos de Desarrollo (ONFED), e integrado por el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), el PARME, la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), además de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y seis representantes de la sociedad civil.

Los límites de los montos a solicitar al Fondo de acompañamiento oscilan de acuerdo a la relevancia de los proyectos. Una condición es que siempre deben contar con una contrapartida aportada por las autoridades locales, en dinero o en mano de obra, materiales o equipos.

Los proyectos de mayor envergadura, para los que se tendría que convocar a una licitación pública, pueden alcanzar hasta los RD$4 millones. Las propuestas de deberán ser presentadas -a partir del 7 de abril y hasta el 7 de junio de 2005- en las oficinas del PARME.

En el acto de lanzamiento estuvieron presentes el Dr. Marcos Villamán, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), Dino Sinigallia, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en R.D., Dr. Onofre Rojas Gómez, Secretario de estado, Ordenador Nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo (ONFED), Dra. Sonia Chirinos Rivera, Directora del PARME, D. Fausto Ruíz, Presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Dra. Amantina Gómez, Síndica de Navarrete y Miembro del Consejo Consultivo del Fondo de Acompañamiento, Dr. Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana y Miembro del Consejo Consultivo del Fondo de Acompañamiento.

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Ayuntamiento de San Cristóbal recibirá millón y medio de pesos para fortalecimiento institucional.


El Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), Programa del Gobierno Dominicano, financiado con fondos de la Unión Europea y su contraparte el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE) suscribieron un convenio de fortalecimiento institucional con el Ayuntamiento de San Cristóbal.

Entre los objetivos de trabajo del PARME está contribuir a mejorar la capacidad de gestión de las entidades descentralizadas y promover un cambio normativo que traslade a las mismas mayores recursos y competencias.

El monto de la cooperación financiera de la Unión Europea, en virtud de dicho convenio, asciende a $RD 1,527.500.00 ejecutables hasta 2006 y están destinadas a las siguientes vertientes del desarrollo institucional de esa sindicatura:

1.- Apoyo a la formulación del Plan Regulador de San Cristóbal
2.-Puesta en funcionamiento de una Plataforma de Participación Ciudadana
3.-Actualización de una base cartográfica municipal actualizada.

Los antecedentes que han motivado este vínculo de trabajo están dados por el devenir del municipio de San Cristóbal donde se ha verificado un proceso de crecimiento poblacional acelerado, motivado por un lado, por los movimientos inmigratorios y, por el otro, por las altas tasas de fecundidad que se observaron en los años 60 y 70, respectivamente.

Este crecimiento ha sido protagonizado, fundamentalmente por una población de origen rural procedente de otros puntos del país, de modestos medios económicos y atraída por la existencia de importantes focos de actividad económica en la región, como zonas francas, parques industriales, así como la cercanía del municipio con la ciudad capital.

Ese rápido incremento de la población desbordó ampliamente la capacidad de acogida de una ciudad que carecía de medios efectivos para ordenar y controlar la expansión urbana, además de la inexistencia de políticas en ese sentido. La situación actual ofrece un panorama complejo, en el que el casco antiguo de la ciudad se encuentra circundado por asentamientos humanos marginales, sustentados en anormalidades urbanas.

El panorama resultante es un aglomerado informal que rodea una ciudad histórica, constituyendo un conjunto de complejidades inmanejables, cuya calidad está muy por debajo tanto de las expectativas de sus habitantes, como de las posibilidades reales de la economía local.

La falta de dotaciones y de espacio para su construcción, impide consolidar las dinámicas del crecimiento urbano, exigiendo así un proceso de rectificación profunda e indispensable.

La situación actual ha traído consigo la complejidad en el entramado de la ciudad, estableciéndose como normales comportamientos públicos y privados que son incompatibles con la construcción de una urbe sostenible y grata a sus habitantes, a la vez que la población ha sido segregada espacialmente según su nivel económico, confinando en barrios marginales a los sectores más vulnerables.

En la firma del Convenio estuvieron presentes la Directora de PARME, Sonia Chirinos, la Coordinadora del componente de Descentralización de PARME, Josefina Ortiz, el Coordinador adjunto de dicho departamento, el síndico de San Cristóbal, Nelson De la Rosa y otras autoridades municipales.

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